El representante a la Cámara por el Polo Democrático Iván Cepeda cuestionó ayer la celebración de contratos de protección y seguridad entre el Ministerio de Defensa y algunas compañías multinacionales mineras, por valor de más de 45 mil millones de pesos.
En este sentido, también cuestionó si lo que estas multinacionales pagan al Gobierno por esta protección, alcanza a cubrir la totalidad de lo que se gasta en seguridad o si este servicio se presta haciendo uso del presupuesto nacional y los impuestos ciudadanos.
El Representante también solicitó que se explique la razón del desequilibrio en la prestación de seguridad a comunidades en las zonas de influencia de estas empresas.
En una información entregada por la Contraloría General de la República, se evidencia que el Ministerio de Defensa suscribió 103 contratos entre enero de 2010 y octubre de 2013, por un monto de casi 46 mil millones de pesos.
Esto con el objeto de que el Ejército brinde protección especial a las empresas mineras que ejecutan mayor explotación de recursos en el país.
Las cifras
Entre las empresas que tienen contrato con el Ministerio de Defensa están las trasnacionales Drummond Ltd. (por $3.982 millones), Anglogold Ashanti Colombia S.A. (por $3.714 millones), CCX Colombia S.A. -Antes MPX- (por $3.220 millones), Carbones del Cerrejón Limited (por $12.471 millones) y Cerro Matoso S.A. (por $1.053 millones).
Según el texto del contrato revelado por Iván Cepeda, éste tiene por objeto “la especial atención a las labores destinadas a mantener las condiciones de protección y de seguridad de las actividades, infraestructura, e instalaciones industriales fijas o móviles de las empresas en determinadas áreas del territorio nacional”, entre las que se encuentran departamentos como Antioquia, Cesar, La Guajira y Tolima.
Allí también se estipula que el Ejército se compromete a destinar varios pelotones para la seguridad de la operación de las empresas, en ocasiones a permitir el uso de pistas de aterrizaje para el desarrollo de actividades mineras, así como a usar los equipos y materiales adquiridos con los recursos de los convenios, de manera exclusiva para su protección.
Una de las características que el Representante consideró más grave es el que estos convenios tienen una cláusula de confidencialidad de las partes, por lo cual no resulta fácil acceder a ellos y no están sujetos a un control político y ciudadano.
Por ello, Cepeda envió una carta al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, pidiendo explicaciones al respecto.
Según dijo, “es paradójico” que mientras se brinda seguridad especial a estas empresas, algunas comunidades que están en las zonas de influencia han venido pidiendo seguridad por cuenta de las amenazas e intimidaciones recibidas y el despojo por parte de algunos grupos al margen de la ley, han recibido respuesta negativa por parte del Gobierno.
FUENTE: EL NUEVO DÍA
