PUERTO CARREÑO. “Las cosas hay que decirlas sin ambages para que los colombianos sepan la realidad de una política errónea que lamentablemente no se quiere corregir”, dijo el senador Jorge Robledo, militante en el Polo Democrático Alternativo.
Señaló que “sabedores de la prohibición de la Ley 160 de acumular tierras, los encopetados abogados que diseñaron el despojo campesino y la ilegalidad -en decenas de casos y por centenares de miles de hectáreas, en la Orinoquia y en el resto del país-, se esforzaron, no en volver legal lo ilegal, porque es imposible, sino en ocultar la violación de la ley, es decir, en que no se supiera que cada parcela adquirida por una empresa diferente era en realidad comprada por una poderosa matriz, la cual explota los predios como uno solo, incluso a escalas de 60 mil y más hectáreas.
Algo así como un testaferrato inmobiliario. En el momento en que ocultaron a los verdaderos compradores de cada UAF y la producción unificada de los predios, confesaron de hecho que sí sabían que violaban la Constitución y la ley.
Una vez descubiertos estos actos de corrupción, han recurrido a leguleyadas elementales, las cuales no niegan la prohibición de la Ley 160 de acumular fincas originadas en baldíos, pero sí arguyen que en sus negocios la norma no se aplica en razón de alguna excepción traída de los cabellos. Es tan poco serio el alegato con el que intentan enredar incautos, que estos abogados y sus teorías terminaron de hazmerreíres entre los estudiantes y los profesores de las carreras de derecho.
La posición del gobierno de Juan Manuel Santos no pudo ser peor. Primero, en dos ocasiones y a espaldas de la opinión pública, intentó cambiar la Ley 160, para darle algún viso de legalidad a la ilegalidad. Luego, cuando el escándalo derrotó el tapen-tapen de la Casa de Nariño y rodó la cabeza del embajador en Washington, contra toda evidencia Santos absolvió a su amiguísimo y financista político, les advirtió a sus subalternos que quien volviera a decir que sí se había violado la ley se las vería con él y dio orden de echar por la calle del medio y promover la bien llamada "Ley Urrutia", porque con ella se proponen blanquear las acumulaciones ilegales de baldíos.
En desarrollo de la estratagema, el ministro Estupiñán, quien les dijo a los medios que acumular baldíos era ilegal y que generaba sanciones, le dio una voltereta de 180 grados a su posición, más preocupado por cuidar el puesto que su dignidad”.
FUENTE: NOTILLANO
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